COTUÍ, República Dominicana.- El Consejo Económico y Social Municipal, de Cotuí, y el Consejo Económico y Social Rural, del Distrito Municipal de Zambrana y la Federación de Organizaciones Campesinas Zambrana-Chacuey, rechazaron el nuevo acuerdo entre el ayuntamiento de este municipio y la empresa minera Barrick Pueblo Viejo.
Los representantes de las entidades se reunieron por más de cuatro horas con Mejico Ángeles, gerente para Asuntos Gubernamentales de la empresa Barrick Gold Pueblo Viejo, donde se anunció la firma de un nuevo convenio entre la empresa y el Ayuntamiento Municipal de Cotuí, que permitirá desembolsar los fondos donados para obras del municipio.
Los representantes de las entidades se reunieron por más de cuatro horas con Mejico Ángeles, gerente para Asuntos Gubernamentales de la empresa Barrick Gold Pueblo Viejo, donde se anunció la firma de un nuevo convenio entre la empresa y el Ayuntamiento Municipal de Cotuí, que permitirá desembolsar los fondos donados para obras del municipio.
La reacción inmediata de los representantes de las instituciones, de las organizaciones y de la sociedad civil fue de rechazo al acuerdo, por entender que el Ayuntamiento municipal de Cotuí, y el alcalde Rafael Molina Lluberes, no cumplieron el primer acuerdo donde le fueron desembolsados RD$ 74,000,000.00.
Los representantes de las instituciones pidieron la anulación inmediata del acuerdo y que se espere la decisión que tomara el Tribunal de Apelación de La Vega, quien conoce una querella por desacato a una sentencia emitida por una Jueza para que el Ayuntamiento de Cotuí, a través de su alcalde Rafael Molina Lluberes cumpla con la ley 200-4 sobre el Libre Acceso a la Información Pública, entregando las ejecutorias del año 2010-2011.
Dijeron que como acción inmediata notificaran mediante acto de alguacil a la empresa Barrick Gold y al embajador del Canadá de un recurso de oposición de entrega de dinero al Ayuntamiento de Cotuí.
De no obtemperar se harían viacrucis en protesta pacífica, asambleas para tomar el parecer de la población con relación a este acuerdo y recurrir a los derechos humanos nacional e internacional.
Dijeron también que los funcionarios del Ayuntamiento han amenazado de forma verbal a los que componen el Consejo Económico y Social a través de los medios de comunicación.