COTUÍ, República Dominicana.- La asamblea del Consejo Económico de Desarrollo del municipio de Cotuí decidió exigir la renuncia inmediata del alcalde Rafael Molina Lluberes por las alegadas irregularidades cometidas en la gestión de los recursos municipales provenientes de la transferencia del presupuesto Nacional y de la empresa minera Barrick Pueblo Viejo. Las entidades acusan al ejecutivo municipal de desconocimiento de las leyes y de haber desacatado la sentencia que le ordenó entregar los documentos requeridos por la sociedad de Cotuí.
Asimismo, decidieron apoyar la demanda por desacato incoada contra el alcalde Molina Lluberes, así como cualquier otra demanda que tenga por finalidad el castigo de la malversación de los recursos públicos cometidas en el Ayuntamiento de Cotuí.
El organismo aprobó oponerse a que la empresa minera Barrick Pueblo Viejo entregue los recursos al Ayuntamiento de Cotuí, alegando que la institución ha incurrido en graves irregularidades en el manejo de los recursos municipales que recibe del Presupuesto Nacional y los provenientes de la minera.
Acusan al Ayuntamiento de violar las leyes 176-07 de los municipios, de contratación pública y de libre acceso a la información pública, y en vista de que el alcalde Rafael Molina Lluberes es demandado por desacatar una sentencia de la Cámara Civil y Comercial de Sánchez Ramírez que le ordenó la entrega de todos los documentos que solicitó la sociedad civil sobre el gasto del ayuntamiento.
Aseguran que el gerente de responsabilidad social corporativa de Barrick Pueblo Viejo, Faby Manzano prometió en el Segundo Congreso Marco Tulio Paulino celebrado el 15 de noviembre del 2011, que la empresa no entregaría un nuevo desembolso hasta tanto no se aclarara y solucionaran las irregularidades cometidas en el gasto de la primera partida entregada al cabildo.
Destacan que a pesar de las promesas la empresa firmó un nuevo acuerdo con el ayuntamiento en el que se compromete a continuar los desembolsos sujeto al cumplimiento de nuevas medidas de control y supervisión.
Las organizaciones que integran el Consejo de Desarrollo Económico de Cotuí acordaron rechazar el acuerdo suscrito por la empresa Barrick Pueblo Viejo y el Ayuntamiento, lo que consideran una burla al compromiso contraído, acusándole de ser cómplice de los alegados actos de corrupción cometidos en el manejo de los fondos de parte de las autoridades municipales.
Piden dejar sin efecto el acuerdo suscrito el 6 de marzo entre la empresa minera y el ayuntamiento, hasta que no concluyan los procesos judiciales abiertos en contra del alcalde Molina Lluberes.
Destacan que a pesar de que las leyes disponen la obligación de realizar el presupuesto participativo municipal cada año en el municipio de Cotuí nunca se ha aplicado, y en vista de que el Ayuntamiento se comprometió con la Barrick el 29 de octubre del 2010 invertir los recursos que recibiera de la empresa en obras y proyectos seleccionados por el presupuesto participativo municipal, pero que nunca fue cumplido por las autoridades, pese a las reiteradas demandas hechas por la sociedad civil.
Expresaron que contra las autoridades municipales se ha incoado demandas judiciales, específicamente contra el alcalde Rafael Molina Lluberes por haber desacatado la sentencia que le ordena entregar todos los documentos sobre los gastos del ayuntamiento.
Las organizaciones reclaman la inmediata renuncia del alcalde Molina Lluberes por el desacato a las decisiones judiciales.
Las organizaciones decidieron convocar a las comunidades a realizar el presupuesto participativo municipal de acuerdo con los procedimientos que establecen las leyes 7047 y 7647, autorizar a las organizaciones territoriales entre las que citan juntas de vecinos, asociaciones y clubes deportivos y culturales a que contribuyan a la celebración de las asambleas en cada barrio y comunidades rurales del municipio de Cotuí y ser garante de la participación democrática de la población.
Asimismo, acordaron utilizar todos los medios legales y las medidas de presión, movilización y protestas que sean necesarias para impedir que la empresa minera Barrick Pueblo Viejo le entregue recursos al ayuntamiento de Cotuí.
Asimismo, decidió llamar a la solidaridad con esa lucha del pueblo de Cotuí por la transparencia y por el castigo de la corrupción de los funcionarios municipales a Zambrana y demás habitantes de las municipalidades de la Franja Oriental del Cibao Sur.
Acuerda efectuar este presupuesto participativo municipal con los recursos depositados por la empresa Barrick Pueblo Viejo, en una cuenta de un banco local, que serán pre asignados entre los bloques de barrios y secciones del municipio en relación a la cantidad de población y siguiendo el criterios de pobreza y marginación para que puedan seleccionar proyectos y obras realizables con ese dinero.
Reconocer que el 20% de esos recursos depositados pertenecen al Distrito Municipal de Zambrana, así como del total de desembolsos pendientes del convenio suscrito entre la empresa y el ayuntamiento de Cotuí.
Demanda que la Barrick Pueblo Viejo invierta directamente los recursos que ha depositado en un banco local correspondiente al segundo desembolso del convenio del 20 de octubre del 2010 y los demás desembolsos pendientes en la ejecución de las obras y proyectos que resulten del presupuesto participativo.
Asumir la realización de los procesos de contratación pública de los contratistas que ejecutarán las obras y proyectos que determine el presente Presupuesto Participativo Municipal, con estricto apego a la Ley 340-06 de Contratación Pública.
De igual modo, acordaron asumir la conformación de los comités de auditoría social que supervisarán la construcción de las obras que resulten del presente Presupuesto Participativo, mediante la celebración de asambleas de las vecinas y vecinos que serán beneficiarios directos de las obras.
Acusan al Ayuntamiento de violar las leyes 176-07 de los municipios, de contratación pública y de libre acceso a la información pública, y en vista de que el alcalde Rafael Molina Lluberes es demandado por desacatar una sentencia de la Cámara Civil y Comercial de Sánchez Ramírez que le ordenó la entrega de todos los documentos que solicitó la sociedad civil sobre el gasto del ayuntamiento.
Aseguran que el gerente de responsabilidad social corporativa de Barrick Pueblo Viejo, Faby Manzano prometió en el Segundo Congreso Marco Tulio Paulino celebrado el 15 de noviembre del 2011, que la empresa no entregaría un nuevo desembolso hasta tanto no se aclarara y solucionaran las irregularidades cometidas en el gasto de la primera partida entregada al cabildo.
Destacan que a pesar de las promesas la empresa firmó un nuevo acuerdo con el ayuntamiento en el que se compromete a continuar los desembolsos sujeto al cumplimiento de nuevas medidas de control y supervisión.
Las organizaciones que integran el Consejo de Desarrollo Económico de Cotuí acordaron rechazar el acuerdo suscrito por la empresa Barrick Pueblo Viejo y el Ayuntamiento, lo que consideran una burla al compromiso contraído, acusándole de ser cómplice de los alegados actos de corrupción cometidos en el manejo de los fondos de parte de las autoridades municipales.
Piden dejar sin efecto el acuerdo suscrito el 6 de marzo entre la empresa minera y el ayuntamiento, hasta que no concluyan los procesos judiciales abiertos en contra del alcalde Molina Lluberes.
Destacan que a pesar de que las leyes disponen la obligación de realizar el presupuesto participativo municipal cada año en el municipio de Cotuí nunca se ha aplicado, y en vista de que el Ayuntamiento se comprometió con la Barrick el 29 de octubre del 2010 invertir los recursos que recibiera de la empresa en obras y proyectos seleccionados por el presupuesto participativo municipal, pero que nunca fue cumplido por las autoridades, pese a las reiteradas demandas hechas por la sociedad civil.
Expresaron que contra las autoridades municipales se ha incoado demandas judiciales, específicamente contra el alcalde Rafael Molina Lluberes por haber desacatado la sentencia que le ordena entregar todos los documentos sobre los gastos del ayuntamiento.
Las organizaciones reclaman la inmediata renuncia del alcalde Molina Lluberes por el desacato a las decisiones judiciales.
Las organizaciones decidieron convocar a las comunidades a realizar el presupuesto participativo municipal de acuerdo con los procedimientos que establecen las leyes 7047 y 7647, autorizar a las organizaciones territoriales entre las que citan juntas de vecinos, asociaciones y clubes deportivos y culturales a que contribuyan a la celebración de las asambleas en cada barrio y comunidades rurales del municipio de Cotuí y ser garante de la participación democrática de la población.
Asimismo, acordaron utilizar todos los medios legales y las medidas de presión, movilización y protestas que sean necesarias para impedir que la empresa minera Barrick Pueblo Viejo le entregue recursos al ayuntamiento de Cotuí.
Asimismo, decidió llamar a la solidaridad con esa lucha del pueblo de Cotuí por la transparencia y por el castigo de la corrupción de los funcionarios municipales a Zambrana y demás habitantes de las municipalidades de la Franja Oriental del Cibao Sur.
Acuerda efectuar este presupuesto participativo municipal con los recursos depositados por la empresa Barrick Pueblo Viejo, en una cuenta de un banco local, que serán pre asignados entre los bloques de barrios y secciones del municipio en relación a la cantidad de población y siguiendo el criterios de pobreza y marginación para que puedan seleccionar proyectos y obras realizables con ese dinero.
Reconocer que el 20% de esos recursos depositados pertenecen al Distrito Municipal de Zambrana, así como del total de desembolsos pendientes del convenio suscrito entre la empresa y el ayuntamiento de Cotuí.
Demanda que la Barrick Pueblo Viejo invierta directamente los recursos que ha depositado en un banco local correspondiente al segundo desembolso del convenio del 20 de octubre del 2010 y los demás desembolsos pendientes en la ejecución de las obras y proyectos que resulten del presupuesto participativo.
Asumir la realización de los procesos de contratación pública de los contratistas que ejecutarán las obras y proyectos que determine el presente Presupuesto Participativo Municipal, con estricto apego a la Ley 340-06 de Contratación Pública.
De igual modo, acordaron asumir la conformación de los comités de auditoría social que supervisarán la construcción de las obras que resulten del presente Presupuesto Participativo, mediante la celebración de asambleas de las vecinas y vecinos que serán beneficiarios directos de las obras.