Una cementera en Villa Gautier, unas minas de oro en Cotuí y Maimón, en la Cordillera Central, más y más concesiones y exploraciones, varias minas de ferroníquel en Bonao y Miranda, todas representan inversiones multimillonarias de empresas multinacionales, que nos alegran por sus impactos sobre el empleo pero nos preocupan para nuestro futuro.
Preocupaciones porque esas inversiones se realizan sin transparencia, usando estratagemas corruptoras y en un país que no ha sido capaz de imaginar un ordenamiento de su territorio, de su población y sus riquezas. Pero además nos preocupa que las instituciones subalternas estén en la más absoluta imposibilidad de adelantarse, de control, de gestión y de corresponsabilidad.
La afectación de las tierras para las actividades industriales deben realizarse con los municipios, en vista de proyectar la expansión de su zona urbana, preservar la rural y proteger sus potencialidades agroforestales, su patrimonio ambiental (ecológico y construido) y dinamizar las zonas, sitios o lugares según su vocación productiva, sus reservas y las posibilidades de desencadenar nuevas inversiones. Esas funciones se realizan conjuntamente con los planificadores para mantener la coherencia y sostenibilidad socio territorial.
Sin esta última condición, surgen las disparidades, la inequidad y las pérdidas. Y precisamente cabe preguntarse si no es, por esos motivos, que acuden las multinacionales a nuestro país. Sin un plan de ordenamiento territorial, sin instituciones fuertes, sin mecanismos de control, riendas sueltas y corrupción como apoyo, somos el país ideal, al igual que Haití, para invertir. Las exploraciones mineras acaban de colocar a Haití en un sitial predilecto, seriamos complementarias e ideales para un futuro “minero”. Las mineras y cementeras encuentran, para colmo, los dos países fragilizados por el sismo, la deforestación, la pobreza, las tormentas y las inundaciones del lago Enriquillo. Estamos asistiendo a políticas deliberadas de depredación y depreciación de la Isla, que podrían llevarnos a ser tierras de desmonte, de excavaciones, de residuos, rellenos sanitarios y suelos improductivos.
El colmo es que el Estado dominicano, en su afán de resolver la crisis energética, se apresta a utilizar el carbón para la producción de energía eléctrica, en Hatillo y Manzanillo, ampliando las zonas de conflictos ambientales a la zona costera, significando un retroceso en relación con las medidas aconsejadas en los Foros internacionales en cuanto a reducción de las emisiones de CO2. Es triste nuestra realidad ambiental pero la territorial es muy preocupante; vamos a la insostenibilidad ambiental con Haití de la mano.
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