Defendamos las cordilleras; Crece presión contra contrato gobierno-Barrick Gold


En el país crece la presión contra el contrato firmado por el Estado con la Barrick Gold.
Entre los que cuestionan el contrato se encuentra el doctor Tirso Mejía Ricart, quien sugiere que se cambie de una vez por todas  lo que define como una estafa contra  el pueblo dominicano, ya que  aportamos el mineral, terreno, deterioro ecológico y hasta la garantía de préstamos ,a  cambio de 3.5% del oro, hoy en día sobre los US$ 1, 700 la onza, hasta que ellos decidan que han pagado su inversión, gracias a la mas sucia operación del gobierno desde que los indígenas recibieron barajitas por pepitas de oro hace más de cinco siglos.
 DEFENSA DE LOMA MIRANDA
Crece en el país el reclamo de que sea preservada Loma Miranda, en Bonao, para evitar daños a la ecología.
Por considerarlo de interés, Primicias reproduce el trabajo periodístico que sobre la Barrick Gold escribió el periodista Ignacio Guerrero, en el periódico Voz Diaria, de Santiago de los Caballeros, el  miércoles 2 de enero de 2013, que no tiene desperdicios.
 Estado debe intervenir la Barrick Gold
SANTIAGO.- El Estado dominicano está facultado por la Constitución para intervenir a la minera Barrick Gold y rescindir el contrato leonino que le aprobó el Congreso Nacional, porque las  concesiones conferidas atentan contra la soberanía económica y el aprovechamiento particular de las riquezas minerales del país.
Así lo establece el artículo 17 de Constitución en el cual se establece: “Aprovechamiento de los recursos naturales. Los yacimientos mineros y de hidrocarburos y, en general, los recursos naturales no renovables, sólo pueden ser explorados y explotados por particulares, bajo criterios ambientales sostenibles, en virtud de las concesiones, contratos, licencias, permisos o cuotas, en las condiciones que determine la ley. Los particulares pueden aprovechar los recursos naturales renovables de manera racional con las condiciones, obligaciones y limitaciones que disponga la ley.

Y como el convenio suscrito entre las partes desfavorece los intereses nacionales, es lo que se colige, el Poder Ejecutivo en representación del Estado cuenta con el aval institucional para intervenir a la Barrick Gold y anular de inmediato un pacto antipatriótico.
La contaminación ambiental, la destrucción de la flora y la fauna, la extinción de las especies naturales y la explotación de los minerales en perjuicio del país, son factores determinantes para rescindir el contrato con la Barrick Gold, porque así lo requiere el bienestar de nuestra sociedad.
Ha de esperarse que el presidente Danilo Medina decida, en primera instancia,  revisar los términos de la adjudicación de la explotación de oro y otros minerales a la Barrick Gold, ya que es la clave para proceder a la intervención de la compañìa en atención a los intereses de República Dominicana.
Un aspecto importante que se debe resaltar, esto es vital, que no se trata de una acción contra la seguridad jurídica, sino que República Dominicana tiene pleno derecho a proteger sus riquezas no renovabales y, en consecuencia, evitar que particulares  usufructúen las mismas para enriquecerse a expensas de la pobreza de la población humana.
Por ejemplo, es lo que se estableció en el programa “Los Sabios en la Z”, constituye una burla contra la nación que el Estado comenzará a recibir impuestos de la Barrick en el 2046.
La información está contenida en un documento de una compañía consultora y al que se tiene acceso por Internet, el cual explica el plan de negocio de la empresa canadiense, conforme al especialista en minería Miguel Peña.
De acuerdo a los datos proporcionados por el  técnico y que están  depositados en la Bolsa de Valores de Nueva York, la Barrick Gold empezará a pagar impuestos al Estado dominicano en el año 2046,
El dato alarmó a los invitados del programa radial “Los Sabios en la Z”, en el que Peña indicó que el informe NI43101 -al que se puede accesar por Internet- ofrece la información y señala que el Estado recibirá cerca de mil millones de dólares en toda la vida del yacimiento minero, que es de 25 años, por concepto de su participación con el 3.2 por ciento o el llamado “net smelter return” (valor del metal antes de fundición).
“Los impuestos serán de 2.05 billones de dólares, mientras el inversionista tendrá ingresos acumulados de 8 mil millones de dólares. En una relación de ingresos totales, de 10 mil millones de dólares que dejaría el yacimiento, el Estado dominicano, que es el dueño del yacimiento, que ha usado la figura de arrendar el yacimiento, porque no lo vendió, recibirá mil millones”, expresó Peña.
Aclaró que se trata de una lectura oficial de un documento elaborado por una compañía consultora para la Bolsa de Valores de Nueva York, el cual detalla y explica el plan de negocios de la Barrick Gold, a través de un resumen de actividades que desarrollará desde el punto de vista técnico y financiero.
El especialista en minería advirtió que rumores señalan que el Gobierno recibiría un adelanto de la producción de los mil millones de dólares, con lo que vende a futuro el oro dominicano. “Ese sería el peor daño que se le haría a la economía nacional y a ese yacimiento”, alertó.
Diferencias respecto del contrato actual y el original
Dijo que uno de los mayores “fiascos” del actual contrato entre el Estado dominicano y la Barrick Gold ha sido la negociación de un 3.2 por ciento de las ventas por regalías directas del oro y la plata, contrario al contrato original en el año 2000, que estipulaba el porcentaje de recaudación por extracción de todos los metales.
Peña resaltó que el país dispone de yacimientos polimetálicos, por lo que una de las condiciones establecidas por el Estado fue la compensación con un porcentaje mínimo de 3.2 por ciento de todas las extracciones de metales, sin tocar los costos operacionales, lo que representaba grandes beneficios para el país.
En aquel entonces, la onza de oro costaba 240 dólares y el yacimiento tenía gran potencial, porque comprendía más de 12 millones de onzas, de acuerdo al especialista.
“Cuando usted lo ve en forma porcentual es mayor que 3.2 por ciento, porque es una regalía directa del valor del yacimiento. Hasta ahora, ha sido la única figura que ha sobrevivido a este desfalco que es el contrato actual”, dijo Peña.
Sin embargo, indicó que a pesar de que se haya salvado la participación del 3.2 por ciento, los beneficios ya no representan los mismos para el Estado, ya que en la actualidad solo se incluye la extracción de oro y plata, excluyendo otros metales que abundan en el yacimiento minero.
“Los otros metales no están afectados. Ese ha sido uno de los fiascos más grandes”, subrayó Peña.
Dijo que el contrato del 2000 ha sido una de las licitaciones más transparentes que se han realizado en América Latina, y que para ello se organizó un equipo técnico de dominicanos y se contrataron las “mejores” compañías de consultoría internacional.
“Fue uno de los más transparentes, porque cada compañía que se interesaba en participar le poníamos como condición que tenían que hacer una vista pública”, expresó Miguel Peña.