Someten a justicia alcalde y regidores por alegado desfalco

El Consejo Económico y Social de Cotuí, provincia  Sánchez Ramírez, interpuso ayer una demanda  contra el alcalde, los miembros del Concejo de Regidores y funcionarios del área financiera del cabildo, por el supuesto uso irregular  de RD$78 millones por diferentes conceptos,   nepotismo y  violaciones a las leyes 176-07 sobre los municipios y el Distrito Nacional; la 340-06  de contratación pública  y  200-04 de libre acceso a la información pública.
El sometimiento fue incoado  contra el alcalde y ex diputado reformista en cuatro ocasiones, Rafael Molina Lluberes; los integrantes del Concejo de Regidores y algunos funcionarios del área contable.
Además se  acusa al ejecutivo municipal de otorgar obras de grado a grado, y en otros casos, no terminarlas pese a consignar presupuestos para las mismas. Es la  tercera  demanda contra el alcalde municipal, miembros del concejo de regidores y  funcionarios del área financiera.
Entre los demandantes del alcalde  que firman la denuncia se encuentran Bernardina Peña, Angela Vásquez,  María Paquita  Castillo, Aníbal Acosta, Gregoria Mena y Ana Mieses Castillo, quien leyó un  documento  contentivo de la denuncia, en una conferencia de prensa efectuada en el restaurant Vizcaya.
Al alcalde de Cotuí se le acusa de  prevaricación, desfalco, abuso de confianza  y   asociación de malhechores.
La primera demanda de tres que han sido incoadas contra Molina Lluberes,   se interpuso  en noviembre de  2011 cuando  solicitaron, mediante la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, la entrega de documentos a la sociedad civil, pero el funcionario se negó a cumplir el fallo.
La segunda  demanda contra el ejecutivo municipal de Cotuí fue elevada  el 26 de enero pasado   después de seis audiencias de conciliación.  
La cifra
78 millones de pesos  es la suma alcanzada en conjunto   por  el supuesto desfalco al ayuntamiento de Cotuí,  incluida “la  entrega de una suma millonaria” cuyo monto fue precisado, y que habría sido mal administrada por la presente gestión municipal del exlegislador y abogado Rafael Molina Lluberes.
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