6 Octubre 2012
Atribuir fines políticos para desestabilizar al Gobierno a protestas como las de Cotuí contra la Barrick Gold, y en otros pueblos contra los apagones y en demanda de reivindicaciones sociales representa un peligroso signo de intolerancia de los senadores.
Antes que mediar en el conflicto entre la minera y sectores de la provincia Sánchez Ramírez, como propuso el senador Félix Vásquez, sus colegas endosaron la nota de que las protestas tienen el propósito de alterar el orden público con fines políticos. Vásquez, con la cara larga, no se atrevió a refutar ni defender el proyecto de resolución que había presentado para que la Cámara Alta intercediera en el conflicto. A juzgar por su condición,
quizás los opulentos senadores se basan en que los apagones, la falta de agua potable, el desempleo, el costo de la vida y otros males no son más que puro espejismo. Para sustentar que las movilizaciones de Cotuí tienen fines políticos, el senador Wilton Guerrero, quien incluso justificó la represión de la Policía,
dijo que al frente del movimiento estaba un exfiscal que desempeñó las funciones durante la gestión del expresidente Hipólito Mejía. La aseveración fue avalada de inmediato por el presidente del cuerpo, Reinaldo Pared Pérez, y por otros congresistas.
