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“Vino el señor Alfredo Molina, el jurídico del ayuntamiento, y cuatro personas más. Ellos vinieron de una manera muy chantajista, intimidante y amenazante, porque me dijeron que yo podía tener problemas, que me estaban utilizando. No sé si es que ellos entienden que uno como joven no puede tomar ninguna iniciativa de esa magnitud”, explicó Keny Vásquez, integrante de la Red Nacional de Acción Juvenil (RNAJ).
En declaraciones a este medio, la activista detalló que hizo la solicitud en virtud de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, el pasado 25 de noviembre, y que desde el cabildo no respondieron, por lo que elevó un recurso de amparo en su contra.
“Se citaron e hicieron caso omiso y el tribunal falló a nuestro favor, como era de esperarse. Tras eso ellos vinieron aquí para chantajearme y amenazarme a fin de que yo me quede callada”, dijo Vásquez.
La joven también narró que recibió una notificación ilegal que dice que las informaciones recibidas, que se supone son públicas, y la sentencia “no pueden ser utilizadas para hacerle daño a terceros y mucho menos para ser difundidas en los medios audiovisuales de comunicación”.
“Eso es un chantaje, está escrito, ellos están metidos en problemas conmigo. Alegan ignorancia porque según ellos la solicitud fue archivada por una secretaria, lo que ha sido negado por la empleada”, acotó Vásquez.
Destacó que la amenaza comenzó por haber ido a su casa a decirle que está afectando los intereses de su propio padre, un anciano de 89 años, fundador del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) en la comunidad Zambrano, de Cotuí, a quien le estaban gestionando una pensión. “Lo que es un chantaje”.